Con esta Comunicación, Bruselas da un paso adelante en su política de reforma a gran escala de las profesiones liberales en la Unión Europea, iniciada el año pasado, cuando animó a los Estados miembros a realizar cambios esenciales en aquellas normas que afectasen a ámbitos tales como la fijación de precios y tarifas, las restricciones de acceso al ejercicio profesional, o la prohibición de la publicidad, pues consideraba que modificar la legislación produciría una rápida modernización del sector. Seis son las profesiones liberales afectadas por este proyecto: juristas, notarios, arquitectos, ingenieros, farmacéuticos y contables (incluidos los consejeros fiscales).

La comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, ha declarado que los Estados miembros de la Unión Europea -que en el Consejo europeo de marzo de 2005 se habían comprometido a reformar sus estructuras económicas siguiendo la estrategia de Lisboa-deben ahora traducir esa promesa política en acciones efectivas encaminadas a reducir una reglamentación excesiva.

Por lo cual, tras estudiar la situación concreta y los avances de cada país, la Comisión ha elaborado un ranking de Estados en función del tipo de reformas emprendidas, y de la profundidad de las mismas. En vista de los resultados obtenidos, Bruselas felicita a determinados países miembros por los progresos realizados, pero señala que en muchos otros se mantiene una legislación coercitiva que considera perjudicial para la economía, el empleo, los consumidores y la sociedad en general.

En conjunto, el Ejecutivo comunitario define la situación como “decepcionante”, y lamenta la falta de cooperación de las autoridades nacionales correspondientes. Sólo felicita a  Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido, al considerar que han realizado grandes progresos y presentan un programa estructurado de reformas, en el que han participado las autoridades nacionales de la competencia, aunque es cierto que estos países son precisamente los que presentaban inicialmente un menor nivel de regulación.                                                                          

Fuente: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones

Como puede observarse en este cuadro, cinco países – Francia, Alemania, Irlanda, Lituania y Eslovaquia - se sitúan en un apartado inferior, ya que han llevado a cabo ligeras modificaciones, aunque acompañadas por estudios de la legislación propia vigente. Por su parte, Austria, Estonia, Hungría, Letonia, Eslovenia y Portugal sólo han aplicado reformas menores; Bélgica, Italia, Luxemburgo y Polonia se han limitado a comunicar que han iniciado estudios de sus normativas; por último, la Comisión enumera a siete Estados - República Checa, Chipre, Finlandia, Grecia, Malta, España y Suecia – que no han realizado ninguna reforma. 

Bruselas ha reprendido a los países de este último grupo, entre los que figura España. Considera que factores internos a tener en cuenta, como la falta de apoyo político a nivel nacional y el escaso entusiasmo de los propios profesionales liberales afectados por el proyecto , no constituyen suficiente excusa para la falta de iniciativa de estos Estados.

Por lo cual la Comisión concluye que aunque es partidaria de que las reformas se lleven a cabo a nivel nacional, dirigidas por las autoridades correspondientes en materia de competencia, no descarta la posibilidad de adoptar otras medidas o intervenir de forma más directa si la situación no cambia, de conformidad con el artículo 86.

Bruselas insiste en la importancia de superar normas anticuadas fruto de contextos políticos, económicos y sociales de hace décadas y que han quedado obsoletas para hacer frente al mercado actual, en el que se hace imprescindible una modernización del sistema que pasa necesariamente por la apertura de las profesiones liberales a la competencia. Consciente de lo problemático de transformar legislaciones tradicionales, de la poca libertad de acción con que cuentan los reguladores y de la reticencia de los colectivos profesionales, apremia a los Ejecutivos a supervisar sus procesos de autorregulación. Sugiere además comenzar identificando las restricciones legales que se puedan eliminar fácilmente sin necesidad de revisiones posteriores, para proseguir después con análisis estructurales más sustanciales que abran el camino a reformas más amplias.

Define una línea de trabajo, que se iniciaría con la publicación de los resultados completos de esta Comunicación en los próximos meses; posteriormente, la Comisión intensificaría su colaboración con los países más comprometidos con el proyecto, y reforzaría sus contactos con las autoridades nacionales, para lograr avances claros antes de 2010.