La Comisión Europea resalta la importancia de los servicios profesionales en la economía de la U.E., así como sus implicaciones en los ámbitos laboral y social.

Destaca la necesidad de reformar la legislación actual referida a la competencia y aplicable a las profesiones liberales.

Siguiendo la misma línea marcada en su Comunicación de 9 de febrero de 2005, la Comisión establece como criterio para justificar una normativa restrictiva aplicable a las profesiones liberales el que dicha legislación contribuya de forma objetiva al interés general. Incita a los Estados Miembros y a las organizaciones profesionales a superar aquellas normas propias que no cumplan este requisito.

La Comisión insiste en que estas medidas no constituyen una liberalización encubierta bajo otro nombre, sino un proyecto de modernización de la normativa actual.

El informe incluye una serie de ejemplos que defienden los argumentos sostenidos por la Comisión Europea, como el caso de los abogados del Reino Unido, que disponían de un “derecho de monopolio”  que fue revocado en 1985. Este cambio permitió que los consumidores pudiesen acceder a precios más competitivos.

La iniciativa que se plantea está en correlación a la Directiva cualificaciones profesionales y a la propuesta de Directiva sobre servicios en el Mercado Interior. Este panorama legislativo tiene por objeto estimular una revisión pro-competitiva de las normas profesionales existentes en cada Estado Miembro

La Comisión Europea interviene cuando lo considera apropiado, por ejemplo, cuando cree necesario sentar un precedente, como en el caso de la Orden de Arquitectos Belgas en junio del año 2004, pero no se encarga de la aplicación concreta de las reformas, que se realiza a nivel nacional. Así pues, el informe concluye señalando que la aplicación administrativa de la legislación referida a las profesiones liberales corresponde, dentro de su territorio, a las autoridades competentes de cada Estado Miembro.