Se trata de uno de los textos legislativos aprobados en los últimos años más importantes para la Unión Europea, ya que trata de convertir en una realidad la libre circulación de servicios, una de las libertades fundamentales contenidas en los Tratados fundacionales de la Unión. El PE considera que para lograr este objetivo, con el que se mostró de acuerdo desde el primer momento siempre y cuando se garantizara la seguridad de consumidores y proveedores, es necesario eliminar trabas de carácter administrativo, legal, burocrático y proteccionista. Asimismo, la Eurocámara insistió en la necesidad de salvaguardar la protección social que ya disfrutan los Estados miembros.

El borrador de la nueva legislación, que entrará en vigor en toda la Unión Europea a partir de 2010, fue presentado ante el PE y el Consejo ya en 2004. Tras una adaptación del texto por parte del PE, que fue aceptada por el Consejo en su práctica totalidad, el documento definitivo busca el equilibrio entre las posiciones encontradas de opositores y entusiastas de la directiva, además de tener en cuenta tanto los intereses de los consumidores como los de los proveedores de servicios y sus trabajadores. El fin de la nueva regulación es facilitar el establecimiento de estas empresas en otros Estados miembros y facilitar su actividad, ya sea temporal o permanente, en un país distinto al de su establecimiento.

La directiva de Servicios recae dentro del área de legislación comunitaria tratada por el procedimiento de codecisión; por este motivo, para su promulgación oficial como ley hubo de ser rubricada por el presidente del PE y un representante de la presidencia de turno de la Unión, una ceremonia que se realiza con todas las piezas legislativas importantes que son aprobadas por este procedimiento.  La firma oficial del texto de la directiva de Servicios tuvo lugar en el PE de Estrasburgo el pasado 12 de diciembre de 2006.