El texto, que guardaba equilibrio entre competencia y protección social, ha seguido la misma línea marcada en su primera lectura.

La directiva afecta a todo servicio que se oferte tanto de empresa a empresa como de empresa a consumidores, siempre y cuando esté dentro de un Estado Miembro. Se aplica por ejemplo a servicios de consultoría, publicidad, agencias de viajes, construcción, inmobiliaria, etc. sólo se excluyen los transportes, las empresas de trabajo temporal, la salud pública o privada, el sector audiovisual, las notarías, las apuestas, seguridad y servicios sociales, vivienda social y farmacia.

Uno de los asuntos más polémicos ha sido la salud pública. La exclusión de la sanidad pública fue votada por una mayoría favorable, en lo que se refiere a la salud privada, muchos diputados abogaban por su inclusión, pero su exclusión formaba parte del pacto entre los dos grupos mayoritarios.
El partido socialista presentó una enmienda que se adoptó. Gracias a esta enmienda se excluyen los servicios sociales. También se presentaron otras enmiendas con el propósito de excluir los servicios de educación, los culturales y los de medio ambiente, que no salieron adelante.

El texto se aprobó sin enmiendas de fondo, sólo se aprobaron algunas de las enmiendas presentadas en la primera lectura, todas las demás, que modificaban el consenso alcanzado por el Consejo fueron rechazadas. Tras la votación de las enmiendas el texto se declaró aprobado. El COGITI no ha presentado ninguna enmienda en la segunda lectura de la propuesta de directiva pues en la tramitación del texto en su primera lectura se había alcanzado los objetivos marcados (Colegios profesionales – ventanilla única, códigos de conducta, etc.).

Los Estados Miembros disponen, a partir de ahora, de tres años para adaptar sus legislaciones a esta directiva.