Después de varios meses en punto muerto y tras el “sí” del Parlamento Europeo (16 de febrero) y la Comisión (4 de abril), la propuesta de Directiva de Servicios tuvo que superar esta semana otra difícil negociación entre los veinticinco estados miembros que, a pesar de que el texto ya no incluye los puntos más controvertidos, estaban divididos en dos bloques, los países del centro y este de Europa, y los miembros más antiguos.

La brecha se abrió cuando los países más jóvenes, apoyados por Holanda y Luxemburgo, exigieron la garantía de que sus trabajadores y compañías de servicios disfrutaran de buen acceso a los mercados de los países más ricos, aunque finalmente la mediación de la Presidencia Austriaca, que todo el mundo califica de magnifica, consiguió un acuerdo gracias a las concesiones de ambas partes.

Malcolm Harbour, eurodiputado del Partido Popular Europeo y miembro de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo (PE), calificó durante una rueda de prensa de “gran logro” el acuerdo al que llegaron los ministros de Competitividad, ya que no sólo respeta el texto que salió del Parlamento sino que su aprobación supondrá un empujón para el mercado laboral europeo con 600.000 nuevos puestos de trabajos.

Se prevé que la ley esté aprobada para finales de año y sea de obligada aplicación en cada estado miembro en tres años, y no dos como se prometió, aunque Harbour también instó a que se controle que cada Estado aplica “el espíritu de la normativa en su totalidad” y no quede en papel mojado.

En cuanto el Consejo de Primavera dé su aprobación oficial, el texto estará listo para emprender un nuevo proceso por las instituciones europeas, donde se ratificará las últimas negociaciones aprobadas entre los ministros, y en el que cabe la posibilidad de que las enmiendas rechazadas en anteriores procesos -alrededor de 600-, puedan volver a presentarse.

Cinco de las siete enmiendas presentadas por C.O.G.I.T.I. han quedado finalmente incorporadas al texto resultante de la primera lectura, es el caso de la número 104, referida a la atribución de las funciones de ventanillas únicas a los colegios profesionales y/o cámaras de comercio; y la enmienda 205, que llama a los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, a tomar medidas de acompañamiento para fomentar la elaboración de códigos de conducta destinados a facilitar la prestación de servicios o el establecimiento de un prestador en otro Estado miembro.