El “amplio apoyo” por parte de los ministros reunidos que, según Martin Berstein, ministro de Economía austriaco, ha recibido la última versión de la propuesta Directiva, supone un paso más en el proceso de codecisión de la ley que, de acuerdo a los objetivos de Lisboa, pretende sentar las bases para la liberalización del mercado de servicios comunitario.

La polémica propuesta, presentada en enero de 2004, ha sufrido un gran cambio tras su paso por el Parlamento (16 de febrero) y la Comisión (4 de abril), donde se modificaron los puntos más controvertidos.

Uno de estos puntos fue el “principio de país de origen” -una medida por la que el prestador de servicios estaría sometido a la ley del país en que se encuentra la sede empresarial y no a la del país donde se prestan dichos servicios-, y que finalmente contempla el derecho del país de destino a introducir requisitos adicionales y a controlar al prestador y los servicios realizados.

También fue muy discutido el ámbito de aplicación de la directiva, de la que finalmente quedaron excluidos los servicios financieros, telecomunicaciones, servicios de transporte, servicios portuarios, asistencia sanitaria, servicios sociales relativos a la vivienda social, cuidado de niños y apoyo a las familias y personas necesitadas, actividades relacionadas con el ejercicio de una autoridad oficial, agencias de trabajo temporal, servicios privados de seguridad, juego y servicios audiovisuales.

Estas modificaciones, incluidas en las más de 400 enmiendas aprobadas por el legislativo europeo en Estrasburgo y posteriormente estudiadas por la Comisión, es un gran logro para los sindicatos y partidos de izquierda, que ven en la ley una amenaza a las conquistas laborales de cada país; pero también es una derrota para la patronal europea, que esperaba más de esta ley y no una mera “ ratificación de los derechos sociales y laborales existentes en los veinticinco Estados miembros”.

Dos de las tres enmiendas presentadas por C.O.G.I.T.I., y aprobadas en Estrasburgo, han conseguido la opinión favorable de la Comisión, es el caso de la número 104, referida al establecimiento de la ventanilla única; y la enmienda 205, que llama a los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, a tomar medidas de acompañamiento para fomentar la elaboración de códigos de conducta destinados a facilitar la prestación de servicios o el establecimiento de un prestador en otro Estado miembro.

Aunque la enmienda 187, que obligaba a los prestadores de servicios desplazados al extranjero a facilitar el número de su seguro de responsabilidad profesional a la persona que recibe el servicio en el país de destino, ha suscitado las críticas de la Comisión, esto no implica que este apartado sea desestimado del texto que finalmente se apruebe en la segunda lectura del Parlamento, línea en la que C.O.G.I.T.I. seguirá aunando esfuerzos.

El próximo paso de la directiva de servicios será su aprobación oficial en el Consejo de Ministros que se celebrará el 29 y 30 de mayo, momento en el que se decidirá si se asumen las enmiendas parlamentarias, antes de que el texto vuelva a la Eurocámara para una segunda y, en principio, definitiva lectura.

Según el calendario prefijado por el comisario europeo de Mercado Interior, Charie McCrevy, esta ley debería aprobarse de manera oficial antes del verano, ya que es “esencial” para el funcionamiento del mercado interior europeo, y debería ser trasladada a la legislación de cada estado miembro en dos años, y no tres, como propuso el Parlamento.