El ordenamiento jurídico español no reconoce a sus ciudadanos los servicios prestados en la función pública de otro Estado miembro. De este modo, un ciudadano español que se quiera incorporar al funcionariado de España después de haber prestado sus servicios en Administraciones de otro país comunitario, se encontrará con que no se le tendrá en cuenta la experiencia acumulada en esos años.

Tras recibir quejas por parte de funcionarios españoles, la Comisión Europea envió varios escritos a España con el fin de que adecuara su normativa. España alegó que la reforma jurídica necesaria era dificultosa por la multiplicidad de los organismos implicados y por su complejidad técnica. Asimismo, las autoridades españolas advirtieron de la posibilidad de que se produjera un doble cómputo de la antigüedad relativa a un mismo periodo en los sistemas de jubilación de los países comunitarios.

La Comisión Europea interpuso en diciembre de 2002 un recurso ante el Tribunal europeo de Justicia en el que se acusaba a España de no adecuar su ordenamiento a las disposiciones comunitarias, aclarando que este recurso no estaba relacionado con el sistema de pensiones sino con el incumplimiento del derecho de la libre circulación de trabajadores por parte del estado español.

En su sentencia, el Tribunal ha dado la razón a la Comisión Europea, ha rechazado la alegación del Gobierno español, afirmando que el incumplimiento de sus obligaciones no se puede justificar por la complejidad de la reformas y ha fallado en su contra por no adoptar las disposiciones legales que permitan reconocer, a efectos económicos, los servicios prestados por un trabajador en la función pública de otro Estado miembro.

Enlace a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Enlace a la comunicación de la Comisión sobre la libre circulación de trabajadores: “La plena realización de sus ventajas y sus posibilidades”.